Di Michel Fonte©
César sin cabeza, rojo pompeiano, credit Michel Fonte©
CÉSAR SIN CABEZA
EL INDEPENDENDISMO CATALÁN DESENMASCARA LAS FALLAS EN EL ESTADO CENTRAL Y EL PLAN DE DOMINACIÓN DE LA UE
La soberanía nacional de España entre erística jurídica y vasallaje europeo
Volviendo a la perspectiva política de la controversia, la declaración de independencia incumplía con el principio de legalidad dadas las condiciones de confusión en las que se ha desenvuelto el proceso electoral, con sustracción de ánforas y decomiso de cédulas y paquetes de actas electorales, intervención de la fuerza pública, imposibilidad de acceso a los centros de votación, amenazas, coacción y presión al elector, un estado de pánico y desorden generalizado fomentado por el gobierno español que temiendo, de manera inopinada, un resultado desfavorable, ha impedido que el voto se desarrollara de manera conforme a la ley, pudiendo sucesivamente pronunciar la ineficacia del mismo valorándolo como simple referéndum consultivo y no vinculante. El discurso pone el énfasis sobre lo que es el estado en el presente, un análisis objetiva y pormenorizada, testimonia como la progresiva perdida de soberanía a favor de organismos internacionales ha producido un regreso al estado de derecho en la acepción formal, dicho de otra manera, se ha pasado de un poder institucionalizado a un poder personalizado, de una tutela de los derechos fundamentales de los individuos (vida, libertad y seguridad, educación libre y gratuita, trabajo, salud y casa) y de los cuerpos intermedios, que constituyen la estructura de la sociedad, a su sometimiento a una jerarquía burocrática, esta vez transnacional, que ejerce su autoridad haciendo prevalecer el criterio económico sobre las exigencias individuales y colectivas de protección social, que hasta los principios de los anos 90′ tenían en el estado-nación su principal patrocinador. Examinando los requisitos necesarios para adherir a la Unión Europea se puede entender esta extraordinaria metamorfosis, en los así llamados criterios de Copenhague (1993) no hay ninguna referencia a la Convención Europea de Derechos Humanos (1953) aunque se menciona la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías (criterio político), en sustancia, con un lenguaje solapado, se expresa un neto rechazo del estado de derecho en sentido material, al mismo tiempo que se establecen dos criterios que en los últimos veinte años de vida de la comunidad supranacional han constituido el compromiso para que un país se convierta en su miembro, o sea, el económico (la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE) y el acervo comunitario (la capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el acervo comunitario, y aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria).
Un país que desea asociarse a la UE tiene la obligación de abandonar cualquier forma de economía mixta (intervención del estado en el mercado libre para regular su funcionamiento en conformidad con consideraciones de justicia, inclusión y bienestar social) y planificada, en sustancia, el mercado ya no tiene que ponerse al servicio de valores humanos y culturales, por el contrario, es el orden social que debe estar constreñido unicamente por consideraciones de crecimiento (PIB) – sin ninguna preocupación sobre su ecua distribución – y eficiencia económica; ésta última está sujeta, a su vez, a la aceptación incondicional de los parámetros de convergencia del Tratado de Maastricht de 1992 (vinculo del 3% en lo referente a la proporción entre el déficit público previsto o real y el PIB a precios de mercado, relación del 60% entre la deuda pública y el PIB a precios de mercado, una tasa promedio de inflación, observada durante un período de un año antes del examen, que no exceda en más de un 1,5 % la de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios, un tipo promedio de interés nominal a largo plazo que no exceda en más de un 2 % el de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios, creación de la moneda única, el euro, y establecimiento del Banco Central Europeo) y a las sucesivas modificaciones (arts. 141-142-143-144) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1992), con las que los organismos temporarios Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF) de 2010, han confluido en el permanente Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), entrado en vigor en julio de 2012. Se trata de medidas que en el periodo de crisis financiera han empezado a poner en marcha la unión bancaria europea – cuyo objetivo oculto es la eliminación de las cajas de ahorros locales para concentrar todo el crédito en 25-30 bancos sistémicos – reduciendo a España, Italia, Grecia y Portugal al estado de dependencia de la UE, y en particular, de la élite política, económica y financiera (multinacionales, bancos y fondo inmobiliarias y de cobertura) de los países del norte, bajo la jefatura del círculo alemán. Esa crisis hipócrita y erróneamente denominada de la “deuda soberana”, fue consecuencia del rescate del sistema crediticio, en quiebra por involucrarse en la burbuja inmobiliaria y haber acordados prestamos a un pequeño grupo de megaempresas financiando sus peligrosas inversiones especulativas. Al revisar el informe anual del Banco de España de 2009, año de inicio de la crisis, se aprende que en aquella época la deuda pública apenas alcanzaba el 52.80% del PIB, pero ya en junio de 2011, durante la presidencia de Zapatero, había llegado al 69.5% (+16.7 puntos porcentuales y +30.7% en sólo un bienio), y con todo representaba sólo el 16% de la deuda total (pública y privada) mientras que la deuda bancaria (32%) y la de las empresas (31%) ascendían al 63% de la misma. En 2017, después de seis años durante los cuales el gobierno Rajoy (2011-2016) ha promovido el salvataje bancario (BFA, Catalunya Bank, NGC Banco, Banco de Valencia, CAM, Liberbank, Banco Mare Nostrum, Banco CEISS, Banca Civica, Unnim, Caja 3, Banco Gallego, Unicaja Banco) la deuda pública ha rondado el 100% del PIB (+46,2 puntos porcentuales y +94.6% respecto al año 2009). Hay más, en el periodo en que el gobierno de España llevaba a cabo recortes brutales en el gasto sanitario público (en el 2015 el gasto amontaba a 65.565 millones de euros con una tasa básica del -7.23% y una tasa promedia del -1.06% respecto al año 2009 cuyo gasto era 70.764 millones de euros, datos Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en la educación (en el 2015 el gasto era 46.624 millones de euros con una tasa básica del -12% y una tasa promedia del -1.83% con referencia al año 2009, cuyo gasto fue 53.092 millones de euros, datos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y en la protección social, determinando una tasa de pobreza del 27.9%, (+3.2 puntos porcentuales y +12.9% en 2016 respecto al año 2009 considerando el Índice de Precios de Consumo, datos de la Red Europa Contra la Pobreza, mientras que el INE la estima en 22.3%, el que significa un crecimiento del 1.9 puntos porcentuales y +9.3% respecto al 2009) al mismo tiempo seguía endeudándose, antes creando el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF 2008), a través del cual invirtió casi 20.000 millones de euros para la consolidación y bancarización de la cajas de ahorros, y luego, en 2012, pidiendo un plan de rescate al MEDE, presidido por el alemán Klaus Regling – ya presidente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y con una larga experiencia en el Fondo Monetario Internacional y como colaborador del Ministerio Federal de Finanzas alemán (1991-1998) durante los años de la reunificación – esta vez, utilizando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, 2009) garantizado por el estado, mediante el cual no sólo se han gastado hasta hoy, por lo que se sabe, 54.353 millones de euro de los contribuyentes españoles, sino también se da por perdido el 75% de esos fondos (Informe del Banco de España de septiembre 2017), es decir, que nunca volverán a las arcas estatales. Todas estas estadísticas en este contexto sobre el independentismo catalán podrían parecer raras pero tienen su importancia, porque es bastante difícil creer en un político como Rajoy y en unos partidos como el PP y el PSOE, que mientras dicen defender la integridad y el interés nacional arremetiendo contra Cataluña y los otros movimientos de auto-gobierno, dejan 4.716.000 pensiones bajo el umbral de la pobreza, con unos ingresos inferiores a 684 euros mensuales, 12.989.405 de connacionales en riesgo de pobreza y exclusión social, de los cuales 2.600.000 personas, el 5.8% de la población española, en una condición de privación material severa, y además, no parecen tomar conciencia de la inicua distribución de la crecida económica dado que: “En la actualidad, y como conclusión del período, el 70% de la población española no ha conseguido recuperar los niveles de renta que disponía en el año 2008, y encima, el récord histórico de la tasa de pobreza registrado este año (22,3 %) es en su totalidad consecuencia de la reducción de los ingresos del 70 % de la población española y, especialmente, del 20 % más pobre, y, en ningún caso, del aumento del umbral producido por el crecimiento de la renta media, de hecho, la pobreza formal–oficial se mantuvo de manera relativamente constante alrededor del 20.5 % entre los años 2008 y 2013, para luego elevarse en los tres últimos años hasta el 22.3% y que la pobreza real, aquella representada por un umbral de condiciones reales de vida en 2008, aumentó espectacularmente desde el 19.8 % hasta el 27.9% en 2016, con un crecimiento de 8.1 puntos porcentuales en el período” (Informe Anual AROPE 7° – 2017 de la Red Europa Contra la Pobreza, EAPN-ES por sus siglas en inglés).
Cabe recordar que los elementos constitutivos del estado son el territorio, el poder político y la población, en particular, ésta es el conjunto de personas sin el cual no hay estado y viceversa, hoy en día, al parecer, los exponentes institucionales españoles, han comenzado a considerar la posibilidad de existencia de un organismo político sin ciudadanos, ya que en la última década patrocinando los privilegios de pocos se han dedicado, con la austeridad y la arma de destrucción masiva del siglo XXI, el euro, a exterminar sus habitantes y a pisotear el interés común, una actitud que se refleja en la adhesión al Pacto fiscal europeo (formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, entrado en vigor en enero de 2013) – recibido en la CE (septiembre de 2012) con una modificación marcadamente ordoliberista que ha trastocado su matriz socialdemócrata – y en la aprobación de leyes electorales con listas cerradas (Italia y España), que impiden al votante escoger sus representantes concentrando todo el poder de nombramiento en internas camarillas de partidos de cuadros ligadas y agachadas a la élite financiera. El alzamiento contra los estados nacionales ahonda sus raíces en una idiosincrasia colectiva hacia las instituciones centrales, reputadas arrogantes, inadecuadas y alejadas de las necesidades humanas básicas, a las que los individuos se oponen recuperando la familia, la vecindad, el barrio, la ciudad y la región, valorados como expresión autentica de vida democrática por su capacidad de brindar amparo, dialogo y cooperación, y en eso simbolizando el mito de la comunidad con sus confines estables y seguros contra la racionalidad opresora de una sociedad cosmopolita e impregnada de capitalismo apátrida, que en cambio actúa para destruir todas las fronteras y aplastar cada diversidad y sentido de pertenencia. En este aspecto, hay una llamada de atención para todos los movimientos territoriales que están echando leña al fuego de la injusticia social para ganar partidarios entre las clases baja y medio-baja, porque el incendio que en este momento le otorga una ventaja competitiva, puede quemarlos si su fin es sólo construir una oligarquía de privilegiados a escala reducida, eso también vale para el independentismo catalán, Puigdemont y sus ministros tienen que esclarecer si Cataluña cambia de rumbo dejando de ser una de las regiones con mayores tributos propios, un impuesto de sucesión entre los menos gravosos del país que favorece a los rentistas, y, sobre todo, con un exceso de cargas fiscales sobre las rentas bajas, en otras palabras, si su perfil de político ideal es Lluís Companys o Jordi Pujol.
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https://www.youtube.com/watch?v=za7S7X5B-KA
https://antichecuriosita.co.uk/il-destrutturalismo-punti-salienti/
